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Conferencia binacional de obispos impulsa reformas migratorias
POR ALFREDO ORTEGA-TRILLO
Los días 23 y 24 de junio se llevó a cabo la Conferencia Binacional de obispos en El Paso, Texas, conformada por el Comité de Migración de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos, y la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Movilidad Humana, por parte de la iglesia mexicana.
El propósito de la Confe rencia fue impulsar reformas migratorias como parte de la campaña Justice for Immigrants: Together in the Way of Hope (Justicia para migrantes: juntos en el camino de la esperanza), lanzada el pasado 10 de mayo en Washington por la Confe rencia de Obispos de los Estados Unidos, y una red de veinte organizaciones católicas del país.
La conferencia binacional "estuvo bien concurrida", declara el P. Gerald Kicanas, con la asistencia de cuatro obispos norteamericanos y ocho mexicanos, además de diversos directores sociales de misiones y de diversas agencias involucradas en asuntos migratorios.
El P. Kicanas agregó que la convención involucró talleres sobre aspectos varios de mi gración, y un recorrido por el centro de detención de El Paso.
Probablemente el momento más álgido del evento haya sido la exhortación del cardenal Theodore McCarrick, arzobispo de Washington DC, llamando a las diócesis a cambiar el corazón de la comunidad católica para acoger a los extranjeros según enseña el Evangelio, conminándolas también a que se involucren activa y decididamente a impulsar cambios en las políticas migratorias de acuerdo con el espíritu cristiano, y a asumir con alegría sus obligaciones de caridad para con los migrantes que en su peregrinar transitan por sus territorios.
Después de la conferencia el P. Kicanas anunció un programa educativo que iniciará en su diócesis. "Me entusiasma esta oportunidad que se nos presenta de poner en práctica entre nuestra feligresía las enseñanzas de nuestra Iglesia con los mi grantes", dijo.
La historia moderna de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y México se remonta al programa Bracero entre 1942 y 1964. Después la migración no se detuvo sino que combinó una mo desta inmigración legal con una masiva inmigración indocumentada ante la vista gorda de todos, hasta que en 1985 al pre sidente Ronald Reagan se le ocurrió convertir el asunto migratorio en comodín electorero, diciendo que se ha "perdido el control" de la frontera a una "invasión" de inmigrantes ilegales.
El clamor de Reagan derivó en lo que sería la Immigration Reform and Control Act (irca), mejor conocida como la ley Simson-Rodino, que bajo un programa de amnistía ponía en vigor una ley para penalizar a los patrones que emplearan trabajadores indocumentados.
irca fue un buen programa de legali zación, pero no detuvo el flujo migratorio.
Para compensar los riesgos de contratar indocumentados, los patrones ofrecieron salarios 28% más bajos que a los documentados.
Unos años más tarde, la clase gobernante de los Estados Unidos pudo pensar que la entrada de México al Tratado de Libre Comercio (tlc) estimularía la economía de ese país y reduciría la emigración al Norte. Sin embargo, el 1 de enero de 1994, el mismo día en que entraba en vigor el tlc, el levantamiento zapa tista en Chiapas tronó como un airado reclamo desde "el otro México" respecto de las desventajas económicas y sociales con que el país salía a contonearse de neoliberal bajo el glamour de la globali zación.
Lo cierto es que la crisis del 94 en México reestimuló la migración indocumentada hacia el norte, poniendo en las manos del Pete Wilson, gobernador de California, el comodín electorero que necesitaba para su reelección. Gracias a la proposición 187, que negaría a los migrantes indocumentados salud pública, educación y servicios sociales, Wilson ganó la reelección.
La legislación antiinmigrante no paró allí. En 1996 un par de leyes prohibieron los beneficios estatales y federales a los migrantes documentados que no fueran ciudadanos.
Así las cosas, y cuando no aparecía haber conciliación posible entre el interés nacional "realista" del bienestar y los va lores nacionales "idealistas" de la libertad y de la democracia, la Iglesia tiende un puente. Los pilares de ese puente los había colocado muy bien nada menos que el portentoso Juan Pablo II, en su exhortación Ecclesia in América, entregada en la Basílica de Guadalupe el 23 de enero de 1999. En esa exhortación el pontífice conmina a todas las diócesis del continente americano a unirse contra las restricciones al derecho natural de cada persona a moverse libremente dentro de su propia nación y de una nación a otra.
Cuatro años después, en un acto sin precedentes en la historia de la Iglesia, el 23 de enero de 2003, los obispos de Estados Unidos y México, inspirados en Ecclesia in America publican en conjunto en México y en Washington la carta pastoral "Juntos en el camino de la esperanza ya no somos extranjeros". En dicha carta los obispos de ambos países declaran: "Buscamos despertar en nuestros pueblos la misteriosa presencia del Señor crucificado y resucitado en la persona del migrante". Dicha carta interpreta el fenómeno migratorio a la luz de la doctrina social de la Iglesia, que en materia migratoria enseña los siguientes puntos:
1 – Las personas tienen el derecho de encontrar oportunidades en su tierra natal.
2 – Las personas tienen el derecho de emigrar para mantenerse a sí mismas y a sus familias.
3 – Los Estados soberanos poseen el derecho de controlar sus fronteras.
4 – Debe protegerse a quienes busquen refugio y asilo.
5 – Deben respetarse la dignidad y los derechos humanos de los migrantes indo cumentados.
El 9 de Mayo del 2005, el obispo auxi liar de Chicago, John R. Manz, miembro del comité de migración de la conferencia de obispos de Estados Unidos declara: "Nuestro sistema migratorio está roto y necesita ser reparado". Roto, entre otras cosas, porque obliga a muchas familias de inmigrantes a estar separadas por años y aún décadas. "Necesitamos cambiar las leyes que separan a las familias", refuerza el obispo.
El reclamo del obispo es el preámbulo para la campaña nacional del día sigui ente. El 10 de mayo del 2005, la Comisión de Obispos de los Estados Unidos, apoyada por 20 organizaciones católicas lanza en Washington la campaña Justice for Immigrants (Justicia para Inmigrantes), en la que se exige reformas a las leyes de migración de los Estados Unidos.
El consultor e ideólogo de la campaña, el cardenal McCarrick declara en rueda de prensa los siguientes propósitos de la campaña: demostrar a católicos y gente de buena voluntad las bondades de la migración para los Estados Unidos; forta lecer en la opinión pública las contribuciones positivas de los inmigrantes; defender leyes de migración que promuevan estatus legal a trabajadores migrantes y sus familias; organizar las redes de servicio legal de las iglesias católicas para asesorar a los migrantes en su acceso a los beneficios de las reformas.
En su alocución el cardenal McCarrick declaró: "Estamos aquí ahora para agregar la voz de la Iglesia al discurso público y para recordar a los católicos, así como a todos los americanos que nosotros somos y debemos seguir siendo una nación de inmigrantes".
En la misma rueda de prensa, el obispo James A. Tamayo de la diócesis de Laredo, Texas, expresó que su experiencia en la frontera, donde hay migrantes que sufren, que mueren; donde hay comunidades divididas, y donde prevalecen actitudes racistas y de xenofobia, dista mucho de ser una visión del reino de Dios que Jesús proclamó. "Estamos lanzando esta campaña de justicia por los inmigrantes porque los obispos estamos convencidos de que el status quo es inaceptable y es necesaria una reforma de inmigración comprehensiva", puntualizó Tamayo.
Los obispos convocantes de la carta pastoral que inspira a la campaña concluyen refrendando su solidaridad con el migrante y prometiendo su defensa: "Nos comprometemos, como comunidades de discípulos de Cristo en ambos lados de la frontera, a acompañarlos en su caminar, para que éste sea realmente un viaje de esperanza y no de desaliento, y que en el lugar al que lleguen sepan que ya no son extranjeros, sino miembros de la familia de Dios."
La campaña Justice for Immigrants: Together on the Journey of Hope (Justicia para migrantes: juntos en el camino de la esperanza) ya ha encontrado eco entre algunos legisladores. Por lo pronto los senadores John McCain (Republicano de Arizona) y Edward M. Kennedy (Demócrata de Massachussets) están proponiendo la iniciativa de ley Secure America and Orderly Immigration Act of 2005, en la que intentan expresar las recomendaciones contenidas en la carta pastoral Strangers No Longer: Together on the Journey of Hope que incluyen, entre otras cosas, un programa de legalización para la obtención de la residencia permanente; más facilidades para la reunificación de las familiar de migrantes; creación de un programa temporal de trabajo que ofrezca empleo con derechos la borales a migrantes; facilitar la movilidad entre Estados Unidos y el país de origen de los migrantes; y ofrecer a los trabajadores la opción de convertirse en residentes permanentes después de determinado tiempo.