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'El gobierno esta quitándome mis derechos'
Legisladores Latinos apoyan leyes que sus oponentes dicen son anti-familia y pro-homosexual
Por María Elena Kennedy
El Gobernador Gray Davis "degrada el matrimonio y debilita el voto de la gente", dijo Randy Thomasson, director ejecutivo de la Campaña de las Familias Californianas, reaccionando a la decisión del gobernador a hacer ley el Proyecto de Ley 25 de la Asamblea, el cual dice Thomasson que otorga "mas de una docena de derechos matrimoniales a las parejas de homosexuales".
Davis firmó el Proyecto de Ley el Domingo 14 de Octubre. Tomará efecto el 1ro de Enero del 2002.
Activistas pro-familia estaban esperanzados de que Davis vetara la propuesta de ley. El año pasado el 65 por ciento de los votantes de California aprobaron la Proposición 22, que define el matrimonio en California legal solamente entre "un hombre y una mujer". Oponentes del Proyecto de Ley 25 sostienen que la nueva ley desafía la intención de la Proposición 22 -- y los deseos de los votantes Californianos.
Pero el gobernador, flanqueado por activistas homosexuales, dijo que el Proyecto de Ley 25 no degrada el matrimonio. "Es acerca de derechos civiles, respeto, responsabilidad, y sobre todo es acerca de la familia", él dijo. "Esta legislación no hace nada para contradecir o debilitar la definición legal del matrimonio, ni tampoco es acerca de derechos especiales". Davis dijo que él creía que el Proyecto de Ley 25 es acerca de "justicia" porque asegura que las parejas de homosexuales tendrán algunos de los mismos derechos que solo tienen las parejas de casadas. "Estoy firmando el Proyecto de Ley 25, que permitirá a compañeros domésticos a hacer decisiones médicas para seres queridos incapacitados, adoptar el hijo de su pareja, poder ausentarse por enfermedad de su pareja para cuidar de él, obtener compensación por muerte por asesinato y permitir el derecho de ser nombrado beneficiario de una herencia", él dijo. "Estoy honrado de firmar una de las leyes más fuertes de compañeros domésticos en la nación".
Thomasson dijo que los cimientos para el Proyecto de Ley 25 fueron puestos en la sesión legislativa 1999-2000 por la miembro de la Asamblea legislativa Carole Migden, una demócrata de San Francisco. Durante esa sesión, Migden introdujo el Proyecto de Ley 26, que creo un "registro de compañeros domésticos" en California. El Proyecto fue aceptado y firmado a la ley por el Gobernador Davis. El registro permite a personas que no están casadas a oficialmente registrar que viven como pareja con el estado, proporcionando una manera para que las parejas homosexuales tengan su 'unión' reconocida por el gobierno estatal.
Solo después de que el Proyecto de Ley 26 pasó Midgen introdujo el Proyecto de Ley 25, que extiende muchos derechos normalmente acordados solo a personas casadas a parejas no casadas. La nueva ley requiere que, para razón de ser reconocido por el estado, tales parejas se deben de registrar bajo los estatutos de la 26 primero.
La ley que da derechos a los homosexuales recibió un fuerte apoyo de los Latinos Demócratas en la Legislatura estatal. Los Republicanos Latinos consistentemente votaron en contra de ella y de medidas similares. Cuando el Proyecto de Ley alcanzó la Asamblea completa el 6 de Junio, los miembros asambleístas Demócratas Tony Cárdenas de San Fernando, Juan Vargas de Chula Vista, Thomas Calderón de Montebello, Gil Cedillo de Los Ángeles, Gloria Negrete de Montclair, Simón Salinas de Salinas, Maní Díaz de San José y Ed Chávez de La Puente todos votaron a favor de el Proyecto de Ley, a pesar de la fuerte oposición de grupos pro-familia en sus distritos.
Los miembros asambleístas Republicanos Robert Pacheco de Walnut y Abel Maldonado de Santa María voto en contra del Proyecto. El único Latino Demócrata que votó en contra de el Proyecto 25 fue el miembro de la asamblea Dean Florez de Bakersfield.
El miembro de la Asamblea Lou Correa, un Demócrata de Santa Ana y la miembro de la Asamblea Sara Reyes, una Demócrata de Fresno estaban ausentes o se abstuvieron de votar.
Bob Cielnicky, que trabaja con la Campaña de Familias Californianas, dice que él cree que el miembro de la Asamblea Correa decidió no votar por presión de fuerzas pro-familia, que distribuían literatura en Santa Ana el cual es el distrito de Correa antes de que la Asamblea votara. "Una circunscripción informada fue instrumental para que se abstuviera en votar por el Proyecto de ley 25 en Junio y en el voto final en Septiembre", dijo Cielicky.
Después de pasar el Proyecto por la Asamblea, fue al Senado Estatal. En el Senado, los senadores Richard Alarcón de San Fernando Valley, Deborah Ortiz de Sacramento, Martha Escutia de Montebello, Richard Polanco de Highland Park, Nell Soto de Pomona, John Vasconcellos de San José, Liz Figueroa de Fremont y Gloria Romero de Rosemead todos votaron a favor del Proyecto de Ley 25. El Senador Michael Machado, un Demócrata de Linden, estaba ausente o se abstuvo de votar.
El 12 de Septiembre, la medida volvió a la Asamblea para una acción final. Votaron para la pasar el Proyecto los miembros de la Asamblea Tony Cardenas de San Fernando Valley, Gloria Negrete de Montclair, Simón Salinas de Salinas, Thomas Calderón de Montebello, Maní Díaz de San José, Ed Chávez de La Puente, Jenny Oropeza de Carson y Juan Vargas de Chula Vista -- todos Demócratas. De nuevo, el único Latino Demócrata que votó en contra del Proyecto de ley 25 fue Dean Florez de Bakersfield. En el voto final, los Latino Demócratas Dennis Cardoza de Merced, Gil Cedillo de Los Ángeles, Lou Correa de Santa Ana y Sarah Reyes de Fresno se abstuvieron de votar o estuvieron ausentes.
Otras Proyectos firmados por el gobernador que grupos pro-familia consideraban hostiles incluían el Proyecto del Senado 231 y la 1169, la que los críticos dicen debilitará a las familias y erosionará aun mas los derechos de los padres. El Proyecto del Senado 231 fue introducido por la Senadora Deborah Ortiz, una Demócrata de Sacramento, en Febrero. La medida provee que las escuelas públicas puedan pasarle la cuenta de ciertos servicios médicos proveídos a estudiantes al programa estatal Medi-Cal, un programa que provee cuidados médicos a familias de escasos recursos.
Inicialmente, el Proyecto incluso ganó el apoyo de la Conferencia Californiana de Obispos Católicos, pero los obispos después retiraron su apoyo cuando surgieron preguntas acerca de que si el Proyecto permitirá el financiamiento de abortos y para que las escuelas proveyeran de anticonceptivos a estudiantes. Los obispos notaron que los intentos de persuadir a la Senadora Ortiz de enmendar la medida para prohibir tales gastos no fueron exitosos.
Así como en el Proyecto de Ley 25, los Demócratas Latinos de nuevo figuraron prominentemente en pasar el Proyecto del Senado 231. Cuando el Proyecto fue considerado en la Asamblea el 12 de Septiembre, los miembros de la asamblea Ed Chávez de La Puente, Dean Florez de Bakersfield, Gloria Negrete de Monteclair, Sarah Reyes de Fresno, Juan Vargas de Chula Vista, Tony Cárdenas de San Fernando Valley, Jenny Oropeza de Carson, Simón Salinas de Salinas, Louis Papan de Millbrae, Thomas Calderón de Montebello, Dennis Cardoza de Merced y Sally Havice de Bellflower todos votaron a favor del Proyecto. Cuando el Proyecto fue al Senado al día siguiente, de nuevo recibió un apoyo abrumador de los Demócratas Latinos. Los que votaron por el Proyecto fueron los senadores Richard Alarcón de San Fernando, Liz Figueroa de Fremont, Gloria Romero de Rosemead, Martha Escutia de Montebello, Michael Machado de Linden, Deborah Ortiz de Sacramento y John Vasconcellos de San José.
Otra Proyecto preocupante para las fuerzas pro-familia para este año es el Proyecto del Senado 1169, promovida por la Senadora Dede Alpert, una Demócrata de Coronado. Su Proyecto permite que los farmaceutas que han recibido entrenamiento especializado receten la llamada "píldora de la mañana siguiente". Los defensores pro-vida han expresado su preocupación de que el Proyecto de Alpert permita a las mujeres adquirir drogas potencialmente dañinas sin antes ver a un médico, y de que los menores puedan obtener la droga sin el consentimiento de sus papás.
El Proyecto también ha recibido un apoyo abrumador de los Demócratas Latinos en la Legislatura estatal.
"Estoy mortificada", dijo Arlene Acosta de Monterrey Park, madre de una hija de 13 años. "Ya no somos los padres de nuestros niños. El gobierno me esta quitándo esos derechos".