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'No les importa mancharse el alma con sangre inocente'
La violación de una adolescente de Mexicali ha provocado un candente debate acerca del aborto en México
POR ROBERTO TEJEDA
El Obispo de Tijuana, Monseñor Rafael Romo Muñoz, ha hecho un llamado público para efectuar un cambio en la ley de Baja California que prohiba el aborto bajo cualquier circunstancia, y que requerirá que el estado establezca quien es el responsable por el sustento y educación de un niño nacido como resultado de una violación. La ley actual de Baja California permite algunas excepciones a la prohibición gene-ral del aborto, incluyendo la violación y cuando hay peligro de que la madre muera en el proceso de dar a luz.
El Obispo Romo dice que apoya la medida ante el Congreso del Estado de quitar esas excepciones. El anuncio del Obispo fue uno de los mas recientes sucesos en lo que se ha convertido en una controversia nacional después de la violación de una adolescente de Mexicali el 31 de Julio de 1999, y el rechazo subsecuente de los doctores del Hospital General de Mexicali a efectuar un aborto, a pesar de que se había expedido una orden legal permitiéndolo.
Cientos de historias narrando cada uno de los aconteci-mientos del caso han aparecido en los pe-riódicos de cada ciudad en el país. Programas de radio y televisión han dedicado horas a la discusión del caso. Algunas de las revistas mas leídas a nivel nacional han dedicado un espacio a la historia. El caso se ha convertido en un tema de campaña política.
En México virtualmente cualquiera que lea el periódico, escuche la radio o vea la televisión puede decirle quien es "Paulina". Ese es el seudónimo que le dieron a la mexicalense de 14 años de edad víctima de la violación, que se ha convertido en una campeona para el movimiento pro-vida por haber dado a luz a su niño, y una causa para los pro-aborto en México, que la ven como una víctima que se le ha negado su "derecho" a efectuarse un aborto.
En Septiembre, después de que fue determinado que estaba embarazada, el ministerio público dio permiso a Paulina de efectuarse un aborto. Una cita fue programada en el Hospital General de Mexicali el 6 de Octubre, pero el director del hospital, Dr. Ismael Avila Iñiguez, y otros doctores en el hospital, se negaron a efectuar el aborto ya que violaba sus principios morales. El Dr. Avila Iñiguez fue detenido momentáneamente por las autoridades por negarse, y después fue amenazado por el ministerio público con 36 horas de cárcel y una multa de 50 salarios mínimos.
Pero el doctor no cedió. Le dijo al ministerio público que la orden debería de ser dirigida al Dr. Carlos Alberto Astorga, director del Instituto Estatal de Salud de Baja California. El ministerio público le dio a Avila Iñiguez 48 horas para obedecer la orden o enfrentar cárcel y multa. El Dr. Astorga defendió al Dr. Avila Iñiguez y la acción de otros oficiales del gobierno del estado después de haber sido criticados en un reporte estatal de derechos humanos. "Los médicos respetamos la vida," el Dr. Astorga fue citado por varios periódicos. "Para eso nos educaron. No vamos a matar o ser homicidas solo porque al Procurador se le ocurre que debemos haber dejado que la niña abortara, cuando los que deciden son los padres".
De acuerdo con un reporte emitido el 3 de Marzo por el Procuraduría de Derechos Humanos del estado, dos doctores en el hospital trataron de persuadir a la adolescente a no tener un aborto, y dos mujeres de una organización pro-vida fueron al hospital y le enseñaron a la niña un vídeo de un bebé desarrollándose en el vientre de su madre. Las dos mujeres también advirtieron a la adolescente que, si se efectuaba el aborto, sería automáticamente descomulgada de la Iglesia Católica.
La mamá de la niña fue con el Procurador del Justicía del Estado de Baja California, el Lic. Juan Manuel Salazar Pimentel, en un esfuerzo por resolver el problema, de acuerdo con el reporte. El Procurador se opuso enérgicamente a la idea de un aborto y le sugirió a la niña dar al bebé en adopción. El Procurador llevó a la mamá de la niña con un sacerdote, el cual la persuadió para que no dejara a la niña tener un aborto, según dice el reporte.
Luego, después de que su hija fue readmitida al hospital el 14 de Octubre, el reporte dice que un doctor, usando un pizarrón, delineo los riesgos involucrados con el aborto, y le dijo a la mamá de la niña que podría terminar estéril o muerta. Después de durar 15 minutos discutiendo el caso con Paulina de nuevo en la noche, la mamá le dijo a los doctores que la familia había decidido no llevar acabo el aborto. El 13 de Abril, Paulina dio a luz a un bebé varón de 3.6 kilogramos por Cesárea en una clínica privada en Mexicali. Grupos pro-vida le pagaron a Paulina mas de $800 dólares de la cuenta médica, y también le dieron a la familia dinero adicional para pañales, leche, medi-cina, exámenes pediátricos y otras necesidades.
Cuando las feministas en Mexicali se enteraron del caso de Paulina a finales de Octubre de 1999, estaban aparentemente tan enojadas que presentaron una queja con el Procuraduría Estatal de Derechos Humanos afirmando que Paulina, como una víctima de violación, se le había negado el "derecho" de efectuarse un aborto. Otros críticos dicen que Paulina fue "condenada por cerrazón" y fue la víctima de "fanáticos pro-vida". Las conclusiones del Procuraduría de Derechos Humanos, publicadas en su reporte del 3 de Marzo, fueron severamente críticas de todos los involucrados en prevenir el aborto, concluyendo que habían "contaminado" la habilidad de Paulina para decidir, al proveerle a ella y a su familia solo información en contra del aborto, y de no avisarles que el aborto se pudo haber efectuado en un hospital privado o en una clínica. "Resulta imposible encontrar alguna excusa favorable a la conducta desplegada por los funcionarios", concluyó el reporte.
El reporte hizo una serie de recomendaciones al Gobernador de Baja California, Alejandro González Alcocer, incluyendo que el estado le pague a Paulina y a su familia por "daños morales," que el estado pague todos los gastos relacionados con el embarazo, que el estado les provea vivienda, ropa, atención médica, educación y gastos adicionales a la madre y niño hasta que este en una situación en la cual se pueda cuidar ella misma, que los oficiales involucrados sean castigados, y que el estado provea entrenamiento de ética médica.
La reacción del gobernador no fue favora-ble. Aceptó que el estado pagará por algunos daños a la familia y que el estado dará las clases pedidas en el reporte. Insistió que nadie en su administración hizo algo ilegal o impropio. Cuando fue confrontado por reporteros en una conferencia de prensa después de que el reporte del Procuraduría de Derechos Humanos fue público, el gobernador estaba visiblemente enojado. "Es una cuestión del ámbito ético-moral de los médicos, y hasta ahí me quedo", él dijo. "Yo no puedo ponerle una pistola a un médico para que practique un aborto".
En la respuesta oficial del estado a las acusaciones contenidas en el reporte, el Secretario General de Gobierno de Baja California, Jorge Ramos, dijo que el Procurador del Justicía del Estado y el Instituto Estatal de Salud de Baja California habían actuado de manera propia y legal. La decisión de no llevar acabo el aborto fue libremente decidido por la niña y por su mamá, él dijo. Desde aquella respuesta del 13 de Marzo, la familia de la niña ha presentado una demanda criminal en contra de oficiales estatales, afirmando que el estado les ha fallado en pagar por daños. La demanda aún esta pendiente.
El caso de Paulina ha llegado a todos los rincones de México, incluso hasta Chiapas, donde el recién nombrado Obispo de San Cristóbal de las Casas, Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, criticó severamente a los políticos por tratar de tomar ventaja de la controversia para apoyar al aborto. "Con tal de tener votos para ganar, no les importa mancharse el alma con sangre inocente", dijo el Obispo.