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Campaña pro-abortista en Latinoamérica

Alertó a los pro-vidas de la región a que 'no podemos seguir tolerando estos ataques'

No hay duda que Latinoamérica es todavía un continente profundamente pro-vida. No importa cuán pobre sea, la mayoría de las familias todavía ve a un bebé como una bendición y en muchas zonas rurales, una mujer embarazada es todavía descrita como "en estado de buena esperanza".

Esta realidad es también evidente en la esfera pública: con la singular excepción de Cuba, el aborto es ilegal en todos los países latinoamericanos, e incluso en lugares donde las excepciones están siendo consideradas en casos de violación o incesto, el aborto es considerado un crimen. Así, ni siquiera en casos excepcionales el aborto es considerado como un "derecho".

Más aún, las constituciones de algunos países, como Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Costa Rica, tienen palabras específicas reconociendo al feto como una persona con todos los derechos.

En este sentido, muchos creen que la legalización del aborto en la región es un sueño imposible para los pro-abortistas. Desafortunadamente, no es del todo así.

En realidad, los más agresivos ataques lanzados para legalizar aunque sea parcialmente el aborto en algunos países han fallado. Colombia recientemente rechazó un cambio en su constitución que abriría la puerta al aborto, mientras que en Costa Rica, El Salvador y Perú, varios intentos para modificar el Código Penal para legalizar algunas formas de aborto también fracasaron a pesar de la fuerte inversión, en dinero y en tecnología, de organizaciones internacionales pro-abortistas.

Aún si el aborto, bajo la cubierta de derechos reproductivos, es aprobado como un derecho humano en los foros internacionales, analistas locales creen que es muy difícil que los gobiernos de la región latinoamericana decidan enfrentar una oposición interna sólo para cumplir con un acuerdo internacional que es considerado como una foránea imposición. La reciente decisión del presidente peruano Alberto Fujimori de retirar al país de la Corte Interamericana luego de que ésta se pronunciase a favor de tres terroristas chilenos condenados y presos en el Perú, nos indica cómo a un acuerdo internacional le es difícil fungir como un atajo para la legalización del aborto en la región.

Feministas y movimientos pro-abortistas han reconocido esta realidad y recientemente coincidieron en afirmar que una estrategia unificada para crear una "cultura amigable hacia el aborto" en la región es definitivamente necesaria. Además, en abril de 1998, 17 organizaciones nacionales feministas federadas en el Comité Latinoamericano para la defensa de los derechos de la mujer -- conocido como CLADEM -- se reunieron en la ciudad de Panamá para lanzar una campaña pro-abortistas llamada "Educación en los derechos humanos desde una perspectiva de género".

Financiados por la poderosa organización norteamericana pro-abortista Fundación Packard -- auspiciada por los dueños de la compañía Hewlett-Packard -- los líderes de CLADEM distribuyeron entre los delegados un "kit" pro-abortista que incluía un manual para promover la "interrupción del embarazo" evitando la palabra "aborto", un set de comerciales radiales y televisivos, y un diskette con modelos de posibles comunicados de prensa.

Los líderes de CLADEM formularon claramente sus objetivos: iniciar una campaña dirigida a crear una conciencia más favorable al aborto y referirse a los avances como situaciones poco notorias para crear rupturas legales en la sólida legislación pro-vida.

Según la líder feminista argentina, Susana Chiarotti, coordinadora regional del CLADEM, "es evidente que la mayoría de países, no sólo en la región, expresaría su rechazo respecto a la idea de modificar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que data de hace 50 años atrás, para encajar la perspectiva del género".

"Algunos de los elementos claves con dicha perspectiva no han sido todavía legalizados", afirmó Chiaroti. "Oficiales de la ONU nos han manifestado, en conversaciones privadas, que la resistencia para conceder una completa autonomía sexual (entendiéndase aborto) es un problema a nivel mundial, no sólo en Latinoamérica. En Noruega, por ejemplo, la coalición gubernamental liderada por los cristianos demócratas está realizando varios intentos para poner algunas restricciones al aborto", agregó Chiarotti.

La feminista argentina indicó que "los líderes de la CLADEM decidieron discutir la posibilidad de "maquillar un poco nuestras demandas" a fin de que éstas sean mucho más aceptables. "Nuestra conclusión fue clara y firme: no importa cómo, pero la legalización del aborto es lo que queremos ver en la Declaración de los Derechos Humanos. Si nos toma 100 años ejecutarla, no nos importa. Por lo menos somos conscientes que nuestro propósito es un proceso que tomará muchos años".

Sin embargo, al parecer los abortistas no tendrían que esperar muchos años, si la coalición feminista en Brasil logra tener éxito en presionar una reforma pro-abortista en la legislación.

Gracias a las maniobras de la líder feminista Ruth Cardoso, esposa del presidente Fernando Enrique Cardoso, Brasil podría convertirse en el primer país democrático en legalizar el aborto en Latinoamérica. En julio, el presidente personalmente presionó a una comisión del Congreso que está revisando el Código Penal, para mantener una redacción que permita abrir ampliamente las puertas al aborto.

En el artículo 128, el Código Penal brasileño, como el resto de Latinoamérica, define al aborto como un crimen, pero al mismo tiempo determina excepciones en que el aborto no merece ser castigado como los casos de violación, incesto o si la vida de la madre peligra de muerte.

La comisión de revisión del Código Penal, liderado por el congresista Luis Vicente Cernicchiaron, propuso cambiar la redacción del artículo 128, que empieza diciendo "merece no ser castigado" -- considerando tres casos excepcionales de aborto, por una versión que diría "no es un crimen", además de legalizar el aborto en algunas circunstancias.

Muchas organizaciones, incluyendo la Conferencia Nacional de Obispos Católicos (CNBB), indicaron que la nueva redacción traicionó el espíritu de la constitución que reconoce los derechos del no nacido.

El Arzobispo de Sao Paulo, Mons. Claudio Hummes, Presidente de la Comisión episcopal "Vida y Familia", expresó la preocupación de los obispos al Ministro de Justicia, Renan Calheiros, quien luego de escucharlos junto a otras organizaciones, pidió a Cernicchiaro mantener el artículo 128 según la versión original.

Sin embargo, el Presidente Cardoso intervino personalmente -- algunas fuentes dijeron que bajo la influencia de su esposa Ruth -- para forzar tanto a Calheiros y Cernicchiaro a mantener la nueva versión pro-aborto, e incluso incluir "niños con deformaciones" entre las razones para su legalización.

Además, el aborto se convertiría en un derecho desde que el artículo previo 127, sería cambiado para expresar verbalmente la legalidad de dichos casos de aborto.

La versión final del Código Penal sería discutida y aprobada por el Congreso en breve. Desde que Cardoso ha constituido una alianza que agrupa a la mayoría, es muy posible que la nueva legislación pro-abortista sea aprobada, a menos que la fuerte coalición pro-vida logre tener éxito convenciendo a Cardoso de cambiar el curso de la misma.

En otros países, más astutos, los esfuerzos disimulados hacia la legalización del aborto han cobrado también una posición estraté-gica. En Chile, por ejemplo, los grupos feministas crearon un debate publicando las últimas conclusiones de una investigación rea-lizada por el científico estadounidense Allen Wilcox, de la Universidad de Carolina del Norte, quien afirmó que la implantación del huevo o cigoto se realiza alrededor de los ocho días después de la concepción, y que si es mayor el tiempo de la implantación del cigoto en el útero, hay menos posibilidades de que una mujer resulte embarazada.

Waldo Sepulveda, un médico especialista en embarazos, sugirió que desde que algunos cigotos no logran anidarse en el útero, el momento en que se inicia la vida humana debe ser en la implantación, y no en la concepción.

Frente a esto, el D. Patricio Yepes, especialista en concepción humana y líder pro-vida chileno, afirmó tajantemente que "cualquier cosa que suceda con la implantación del cigoto, no guarda ninguna relación con el hecho fáctico de que la vida humana se inicia con la concepción".

Yepes señaló que "tal arbitraria interpretación no es un problema de abstracción científica, y que tendría un significativo impacto en la legislación de su país, y finalmente, en la defensa del no nacido".

Otro intento de legalizar el aborto se dio en Nicaragua, donde la Asamblea Nacional pronto discutirá la reforma del Código Penal. Uno de sus nuevos artículos, apoyado por la "Coalición Nacional Feminista", conllevaría la legalización del aborto en caso de violación, mala deformación y si la vida de la madre corre peligro de muerte.

Según la líder feminista nicaragüense, Eva María Senqui, "es imposible solicitar la total legislación del aborto, pero es ciertamente un significativo paso hacia ello".

Por su parte, el presidente de la Asociación Pro-vida de Nicaragua, Rafael Cabrera, manifestó que "de aceptarse una de las formas de aborto, se alistaría el terreno para librar una significativa pelea, que podría convertirse en la legalización total del aborto en corto tiempo".

Cabrera también alertó a los pro-vidas de la región a que "no podemos seguir tolerando estas agresiones y ataques, debido a que un día, en algún lugar, ellos (los pro-abortistas) lograrán que su propósito tenga éxito.

Nosotros tenemos que tomar ya la iniciativa", concluyó.